La restauración ecológica, en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-622, impulsa la generación de empleo formal en Atrato.

Quibdó, Chocó. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Fondo para la Vida y la Biodiversidad y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico – IIAP avanzan en la ejecución del proyecto “Implementación de estrategias para la recuperación integral de la cuenca del Río Atrato”, en articulación con cuatro (4) Consejos Comunitarios. Esta iniciativa se consolida como una acción ambiental y comunitaria orientada al cumplimiento efectivo de la Sentencia T-622 de 2016, mediante la cual la Corte Constitucional reconoció al río Atrato como sujeto de derechos y ordenó al Estado y a las comunidades étnicas su protección, conservación, mantenimiento y restauración.

En el marco del Convenio 023 de 2025, se formalizó la firma de cuatro (4) Acuerdos de Restauración con los Consejos Comunitarios COCOMOPOCA, COCOMACIA, La MOLANA y PAIMADÓ, consolidando un proceso de gobernanza ambiental coherente con los principios de participación y corresponsabilidad establecidos en la Sentencia T-622. Este proceso permitirá la restauración activa de 300 hectáreas de bosque degradado por la actividad mineras, priorizadas de manera concertada con las comunidades.  

La restauración ecológica trasciende la siembra de material vegetal e incorpora un proceso de fortalecimiento de capacidades locales a través de capacitaciones, transferencia de conocimientos (acompañamiento técnico) y dotación de herramientas, con el propósito de dejar capacidad instalada en el territorio. Este proceso contempla la siembra de especies acordadas con los Consejos Comunitarios, principalmente de interés comunitario y de conservación de bosques, orientadas tanto a la recuperación de servicios ecosistémicos, la restauración de la cobertura vegetal, la rehabilitación de rondas hídricas, la provisión de hábitat y alimento para la fauna y el fortalecimiento de la conectividad biológica, como al impulso de economías locales. Para ello, las comunidades avanzan en la construcción de viveros transitorios, que albergarán más de 26 especies forestales, garantizando la producción del 80 % del material vegetal necesario para los procesos de restauración en la cuenca. 

El impacto del proyecto va más allá de lo ambiental. A la fecha, el convenio ha permitido la generación de 66 empleos formales, todos vinculados directamente a las acciones de restauración, viverismo y trabajo comunitario. El 100% de la mano de obra proviene del territorio, promoviendo ingresos dignos, el fortalecimiento del tejido social y oportunidades reales para que las familias mejoren su bienestar y calidad de vida. 

Es importante resaltar que, el proceso de restauración se desarrolla con un enfoque de género y de economía popular, reconociendo el papel fundamental de las comunidades y, en particular, de las mujeres como cuidadoras del territorio y lideresas de los procesos ambientales, en línea con los mandatos de participación efectiva contemplados en la Sentencia T-622. 

Gracias a estas acciones integrales, se estima que más de 6,962 habitantes se benefician de manera directa e indirecta, consolidando un impacto territorial significativo en términos de recuperación ambiental, inclusión social y justicia ecológica. 

Este proceso reafirma el compromiso del Gobierno Nacional y de las entidades aliadas con la implementación de la Sentencia T-622 y con la meta nacional de restauración, entendida como una apuesta por la vida, el territorio y los derechos de la naturaleza.